24/10/2012 | Capilla
del Monte. El Tribunal Superior de Justicia dispuso ayer la clausura
del acceso al Cerro Uritorco en Capilla del Monte y también el ingreso
al dique Los Alazanes, por lo que el municipio elevará un reclamo para
usar un camino de servicio y mantener la prestación de agua. La
disposición se adoptó luego de un planteo que realizó Sonia Anchorena,
la propietaria del cerro cordobés más famoso, quien está en litigio con
un particular que explotaba turísticamente un predio ubicado en el
balneario La Toma.El juicio iniciado por Anchorena contra José
Carrión (quien hacía más de 17 años que explotaba un complejo en la base
del cerro), derivó en un conflicto mucho más profundo que puso en jaque
el servicio de agua en la ciudad. La realidad es que el camino de
ascenso y descenso al cerro seguirá cerrado, luego de una sentencia
favorable en primera y segunda instancia y la ratificación del TSJ.
Un oficial de justicia con respaldo de la policía obligó el lunes pasado a que Carrión abandonara el predio, donde se dedicaba a la explotación de un camping, una playa de estacionamiento y otras instalaciones, entre las que se ubicaba una suerte de cantina. Tras abandonar el sitio, el hombre adelantó que también presentará un recurso ante el TSJ para recuperar las hectáreas, que además de tener un notable carácter turístico, han sido valuadas en una importante cantidad de dinero.
Sin embargo, el cierre de los accesos al cerro y al dique Los Alazanes derivó en otro conflicto que puso en jaque un servicio vital: la prestación de agua. En ese sentido, en declaraciones radiales, el intendente de Capilla del Monte, Gustavo Sez, dijo que inició una acción judicial contra la familia Anchorena por haber "impedido la normal distribución del servicio de agua potable en la ciudad".
"Los propietarios están en medio de un litigio, pero al cerrar un camino de uso público que lleva al dique Los Alazanes, se ha impedido que el personal municipal llegue a la planta de toma de agua que abastece a la ciudad. Nosotros pedimos la firma de un acuerdo para hacer uso de este camino y garantizar el servicio, más allá del conflicto concreto por las tierras"; explicó el mandatario, quien evitó pronunciarse sobre el juicio por la posesión de las hectáreas de tierras y los fallos judiciales.
La historia del conflicto
La propietaria de las tierras, Sonia Anchorena, sostiene que compró las mismas en 1992 a la familia Fontaine Silva, y denunció que debió soportar varias usurpaciones en los últimos años. En concreto, se trata de 980 hectáreas que comprenden el mítico Cerro Uritorco y sus bases, y donde Anchorena se encuentra en litigio con Carrión, quien además sería dueño de un terreno lindante. Según se conoció, el caso tuvo sentencia a favor de la denunciante en el juzgado civil y comercial de Cruz del Eje, ratificado por la Cámara de Apelaciones y por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Un oficial de justicia con respaldo de la policía obligó el lunes pasado a que Carrión abandonara el predio, donde se dedicaba a la explotación de un camping, una playa de estacionamiento y otras instalaciones, entre las que se ubicaba una suerte de cantina. Tras abandonar el sitio, el hombre adelantó que también presentará un recurso ante el TSJ para recuperar las hectáreas, que además de tener un notable carácter turístico, han sido valuadas en una importante cantidad de dinero.
Sin embargo, el cierre de los accesos al cerro y al dique Los Alazanes derivó en otro conflicto que puso en jaque un servicio vital: la prestación de agua. En ese sentido, en declaraciones radiales, el intendente de Capilla del Monte, Gustavo Sez, dijo que inició una acción judicial contra la familia Anchorena por haber "impedido la normal distribución del servicio de agua potable en la ciudad".
"Los propietarios están en medio de un litigio, pero al cerrar un camino de uso público que lleva al dique Los Alazanes, se ha impedido que el personal municipal llegue a la planta de toma de agua que abastece a la ciudad. Nosotros pedimos la firma de un acuerdo para hacer uso de este camino y garantizar el servicio, más allá del conflicto concreto por las tierras"; explicó el mandatario, quien evitó pronunciarse sobre el juicio por la posesión de las hectáreas de tierras y los fallos judiciales.
La historia del conflicto
La propietaria de las tierras, Sonia Anchorena, sostiene que compró las mismas en 1992 a la familia Fontaine Silva, y denunció que debió soportar varias usurpaciones en los últimos años. En concreto, se trata de 980 hectáreas que comprenden el mítico Cerro Uritorco y sus bases, y donde Anchorena se encuentra en litigio con Carrión, quien además sería dueño de un terreno lindante. Según se conoció, el caso tuvo sentencia a favor de la denunciante en el juzgado civil y comercial de Cruz del Eje, ratificado por la Cámara de Apelaciones y por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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